miércoles, 21 de octubre de 2015

Transfuguismo

Con ocasión de la anunciada inclusión de Irene Lozano, hasta hace pocos días diputada en Cortes por UPyD, en las listas que el PSOE presentará a las elecciones generales de diciembre, han surgido las críticas desde algunos partidos, calificando tal conducta como de transfugismo.
En relación a este fenómeno quisiera hacer una serie de valoraciones en este artículo. No en referencia concreta a este caso sino a su concepto y consideración en la politica.
Literalmente, tránsfuga es, según la Real Academia Española de la Lengua, aquella persona que pasa de una ideología o colectividad a otra. Más concretamente al ámbito político, lo define como persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato.
Es decir, en sentido literal, el asunto con el que iniciamos este artículo sí sería un caso de transfuguismo. Sin embargo, en el contexto político en el que nos movemos todos los ciudadanos, hay que acotar mucho más el significado del término.
Por lo tanto, respetando el legítimo cambio de orientación ideológica que puede producirse en cualquier persona, el transfuga sería aquel político que, tras haber sido elegido mediante un sistema electoral que obliga a votar a los ciudadanos en listas cerradas, abandona el grupo en el que se constituyó el partido en el que concurrió a las elecciones y opta por mantener el escaño, inscribiéndose en otro grupo distinto.
Esta actitud produce reacciones de desencanto y contrariedad en el ciudadano, resintiéndose la credibilidad general del sistema de representanción que no puede más que censurar en lo moral lo que está amparado por la ley y la jurisprudencia.
Indudablemente, el fenómeno del transfugismo perjudica al sistema político en su conjunto produciéndo una merma importante en la credibilidad de la élite política, el falseamiento de la representación y la estafa al ciudadano que ve, con absoluta sensación de indefensión, cómo su voluntad es modificada por vaivenes exclusivamente personales.
Otra cosa sería si tuviéramos un sistema electoral distinto, con una mayor libertad de elección de los candidatos. Las listas cerradas son un rígido armazón que impide justificar el transfuguismo. Si el político ha sido elegido por una determinada lista debiera, tal y como están las cosas, continuar en esa lista hasta el final de la legislatura, pues otra cosa sería burlar la voluntad de los votantes.
La legislación y la jurisprudencia constitucional establecen que los miembros de las Cortes Generales representan individualmente al conjunto de la nación, sin intermediarios posibles. Pero sin embargo, la propia Constitución, los Reglamentos de las Cámaras y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General articulan gran parte del proceso electoral sobre los partidos políticos, definiéndolos como “instrumento fundamental para la participación política”.
El que el partido haga sus listas y designe a sus candidatos, que el elector los asuma en una lista cerrada y bloqueada o el hecho de que los partidos políticos asuman el coste de las campañas de sus candidatos y perciban las subvenciones correspondientes del Estado por los votos y escaños obtenidos, son pruebas definitivas de la vinculación directa entre candidato y partido.
Pero, como decimos, la jurisprudencia asigna la propiedad del escaño a la persona que lo consigue tras un proceso electoral. Esta puede disponer de él libremente y adscribirse al grupo parlamentario o municipal que estime oportuno. La ley le ampara aunque la ética lo censure.
Este fenómeno y esta regulación que le es aplicable, son un motivo más por el que debe plantearse la necesaria reforma del régimen electoral, útil en un momento determinado de nuestra historia pero con notables piteras que se han ido produciendo con la experiencia práctica en su aplicación. La reforma electoral es una asignatura pendiente, como otras muchas, de nuestra democracia y es necesario que los partidos se la planteen de forma seria y urgente.
Han sido muchas las voces, desde distintos entornos ideológicos, las que vienen clamado por ella y bueno sería haberla hecho ya, más cuando se ha disfrutado de cómoda mayoría absoluta. Como otras muchas cosas, lo urgente quita tiempo a lo importante y nos vemos, también en este ámbito, perplejos y defraudados cuando surgen estos asuntos.
Difícil será que las próximas elecciones generales nos deparen una mayoría absoluta decidida a abordar esta reforma. Los compromisos y los pactos con nacionalistas u otras minorías pueden hipotecar nuevamente la decisión, pero es un asunto importante que debe ser resuelto para devolver a la clase política el prestigio que, desgraciadamente, va perdiendo.

 Alberto Astorga

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