miércoles, 21 de octubre de 2015

Transfuguismo

Con ocasión de la anunciada inclusión de Irene Lozano, hasta hace pocos días diputada en Cortes por UPyD, en las listas que el PSOE presentará a las elecciones generales de diciembre, han surgido las críticas desde algunos partidos, calificando tal conducta como de transfugismo.
En relación a este fenómeno quisiera hacer una serie de valoraciones en este artículo. No en referencia concreta a este caso sino a su concepto y consideración en la politica.
Literalmente, tránsfuga es, según la Real Academia Española de la Lengua, aquella persona que pasa de una ideología o colectividad a otra. Más concretamente al ámbito político, lo define como persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato.
Es decir, en sentido literal, el asunto con el que iniciamos este artículo sí sería un caso de transfuguismo. Sin embargo, en el contexto político en el que nos movemos todos los ciudadanos, hay que acotar mucho más el significado del término.
Por lo tanto, respetando el legítimo cambio de orientación ideológica que puede producirse en cualquier persona, el transfuga sería aquel político que, tras haber sido elegido mediante un sistema electoral que obliga a votar a los ciudadanos en listas cerradas, abandona el grupo en el que se constituyó el partido en el que concurrió a las elecciones y opta por mantener el escaño, inscribiéndose en otro grupo distinto.
Esta actitud produce reacciones de desencanto y contrariedad en el ciudadano, resintiéndose la credibilidad general del sistema de representanción que no puede más que censurar en lo moral lo que está amparado por la ley y la jurisprudencia.
Indudablemente, el fenómeno del transfugismo perjudica al sistema político en su conjunto produciéndo una merma importante en la credibilidad de la élite política, el falseamiento de la representación y la estafa al ciudadano que ve, con absoluta sensación de indefensión, cómo su voluntad es modificada por vaivenes exclusivamente personales.
Otra cosa sería si tuviéramos un sistema electoral distinto, con una mayor libertad de elección de los candidatos. Las listas cerradas son un rígido armazón que impide justificar el transfuguismo. Si el político ha sido elegido por una determinada lista debiera, tal y como están las cosas, continuar en esa lista hasta el final de la legislatura, pues otra cosa sería burlar la voluntad de los votantes.
La legislación y la jurisprudencia constitucional establecen que los miembros de las Cortes Generales representan individualmente al conjunto de la nación, sin intermediarios posibles. Pero sin embargo, la propia Constitución, los Reglamentos de las Cámaras y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General articulan gran parte del proceso electoral sobre los partidos políticos, definiéndolos como “instrumento fundamental para la participación política”.
El que el partido haga sus listas y designe a sus candidatos, que el elector los asuma en una lista cerrada y bloqueada o el hecho de que los partidos políticos asuman el coste de las campañas de sus candidatos y perciban las subvenciones correspondientes del Estado por los votos y escaños obtenidos, son pruebas definitivas de la vinculación directa entre candidato y partido.
Pero, como decimos, la jurisprudencia asigna la propiedad del escaño a la persona que lo consigue tras un proceso electoral. Esta puede disponer de él libremente y adscribirse al grupo parlamentario o municipal que estime oportuno. La ley le ampara aunque la ética lo censure.
Este fenómeno y esta regulación que le es aplicable, son un motivo más por el que debe plantearse la necesaria reforma del régimen electoral, útil en un momento determinado de nuestra historia pero con notables piteras que se han ido produciendo con la experiencia práctica en su aplicación. La reforma electoral es una asignatura pendiente, como otras muchas, de nuestra democracia y es necesario que los partidos se la planteen de forma seria y urgente.
Han sido muchas las voces, desde distintos entornos ideológicos, las que vienen clamado por ella y bueno sería haberla hecho ya, más cuando se ha disfrutado de cómoda mayoría absoluta. Como otras muchas cosas, lo urgente quita tiempo a lo importante y nos vemos, también en este ámbito, perplejos y defraudados cuando surgen estos asuntos.
Difícil será que las próximas elecciones generales nos deparen una mayoría absoluta decidida a abordar esta reforma. Los compromisos y los pactos con nacionalistas u otras minorías pueden hipotecar nuevamente la decisión, pero es un asunto importante que debe ser resuelto para devolver a la clase política el prestigio que, desgraciadamente, va perdiendo.

 Alberto Astorga

martes, 13 de octubre de 2015

Los tiempos en política

En el ejercicio de la política uno se va familiarizando con conceptos no habituales en otros ámbitos pero que han ido y van calando en nuestra cultura como si fuera una jerga profesional que va ampliando su uso a todos los entornos, como por ejemplo, el empresarial. Los “tiempos en la política” es uno de esos conceptos. Esto toca ahora, esto otro ahora no toca. Siempre se ha considerado como una habilidad y experiencia política y ejecutiva el manejar los tiempos. Y su importancia es relevante.
El “saber medir los tiempos” es un valor presente en todo dirigente al que se reconozca talento, valía y cualidades notables. Pero entiendo también que este término está ciertamente sobrevalorado pues, generalmente, esta consideración se hace “a toro pasado”, y siempre en función de los resultados obtenidos. Un ejemplo reciente de lo que comentamos es el que fuera presidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien obtuvo ese reconocimiento tras ganar las elecciones de 2004. Por aquel entonces, muchos politólogos le atribuyeron la cualidad de ser un político que sabía medir los tiempos en la oposición, habilidad que le habría llevado a ganar las elecciones siguientes. Con el transcurso del tiempo se demostraría que no era precisamente un estratega político de nivel, sino todo lo contrario.
Los que desarrollan puestos de liderazgo, tanto políticos como en otras organizaciones, con cierto grado de veteranía son conscientes de que una de las cosas más complicadas cuando se dirige una institución o una organización de cualquier tipo es el manejo de los tiempos. Podemos saber qué es lo que hay que hacer, tener los mejores proyectos o ideas excepcionales. Podemos saber cómo realizarlos y hacerlos realidad con la aplicación de las técnicas más acertadas. Pero si no se manejan los tiempos correctos, es decir, decidir cuándo hacerlo, todo puede salir mal. De ahí la importancia de los tiempos. Más en política.
Es una habilidad que, como tantas y tantas en política, no está escrita en ningún manual, ni te la enseña algún compañero o mentor, si los hubiera, sino que es una habilidad que desarrolla el político con su propia experiencia y con el directo conocimiento y la observación del entorno en que desarrolla su actividad. Es un asunto de sensibilidad muy personal, de tacto, de saber mirar, interpretar y actuar. El momento elegido debe ser el momento exacto. Ni antes, ni después de que el tren haya pasado. Es importante buscar la percha a cada acto, a cada decisión. Su instante.
Los momentos en la política no son sólo críticos en campaña electoral, donde son especialmente sensibles y estudiados, sino que también son importantes durante la legislatura, pues a lo largo de la misma son muchas las decisiones y los acontecimientos y circunstancias que pueden condicionar su toma. Todo debe llevar su compás.
No es lo mismo desvelar un escándalo poco antes o durante la campaña electoral que al día siguiente de terminar esta. No es lo mismo anunciar una medida negativa, o incluso positiva, a la sombra de una noticia todavía más llamativa que anunciarla cuando en la prensa no hay otro tema del que hablar, o antes o después de un momento y circunstancia determinado. No es lo mismo decidir subir los tipos de interés o tomar otro tipo de decisiones financieras el lunes, con las bolsas abiertas, que hacerlo el viernes a última hora cuando las bolsas cierran y los inversores tienen el fin de semana para enfriar sus alternativas de acción. No es lo mismo tomar decisiones complicadas nada más llegar al gobierno, cuando todo el mundo está a la expectativa y lo espera, que hacerlo unos meses después cuando las aguas ya han reposado.
Cualquier observador puede ver y analizar por qué hay decisiones que se toman en determinados momentos y no en otros. Las subidas de impuestos, la congelación de pensiones, la contratación de obra pública, los ceses, los nombramientos, los cambios de gobierno, las convocatorias electorales, apretar el cinturón a la ciudadanía o aflojárselo. Toca o no toca. Esa es la cuestión.
Y los momentos ahora, por no referirme a la época en general, son de extrema sensibilidad, pues la atención hacía lo político está muy desarrollada en todos los ámbitos. Nada, o muy poco, pasa desapercibido al ciudadano o al resto de representantes políticos. Cualquier cosa es cuestionable y opinable. Y con cualquier decisión se puede liar, y a veces se lía, la mundial.
Pero esta excesiva atención, que pudiera entenderse iría siempre en beneficio del ciudadano y del interés público, lo que realmente produce es ralentizar las decisiones y hacer que estas lleguen tarde o no lleguen, perjudicando mejoras sociales, inversiones o regulación necesaria. Es decir, perjudicando aquello que se quiere mejorar.
Tocan ahora tiempos electorales en nuestra política. Y estos tiempos hacen que otros se ralenticen, que se pospongan decisiones. Multitud de gobiernos autonómicos que se han constituido desde las elecciones autonómicas todavía no toman decisiones clave porque estamos en tiempo electoral. Cataluña es otro ejemplo, el último, en el que existe un gobierno interino porque no se toman decisiones hasta que este tiempo político electoral haya pasado.
Esta ralentización general que se vive en la política genera incertidumbre dentro y fuera de nuestras fronteras pues, quien más o quien menos, necesita tener información y saber en qué marco va a desarrollar su vida, su inversión, sus negocios o su trabajo. Y saber quién, cómo y para qué maneja esos tiempos es clave.
Alberto Astorga


lunes, 5 de octubre de 2015

La confianza política

Los últimos indicadores sobre confianza política publicados por el CIS ponen de relieve que durante el último año los españoles confiamos -eso sí, a trancas y barrancas y con constantes altibajos- un poco más en la política que hace un año. Sí, un poco más. Tampoco era muy difícil mejorar el resultado, pues partíamos, de hecho, de niveles muy bajos.
En términos de confianza política y siguiendo los datos comentados, hemos pasado del 31,3 sobre 100 en julio de 2014, a un 39,9 en julio de 2015. No está del todo mal en el contexto y con los tiempos que vivimos, pero atrás quedaron los indicadores que alcanzaban un cima record en abril de 2004, tras el boom ZP o la crisis del 11M, en que se situó en el 63 por ciento, aunque fue, eso sí, como un espejismo, pues igual que subió en un mes bajó en el siguiente a sus valores normales.
Este bajo nivel de confianza, sin embargo, coincide paradógicamente con un incremento sustancial del interés por la política en general que se viene observando durante toda esta legislatura y, sobre todo, se ha puesto de manifiesto en los altos niveles de participación que han tenido las elecciones autonómicas al parlamento catalán celebradas hace escasos días.
Poca confianza en la política y mayor nivel de interés por ella. ¿No es esto una contradicción? ¿Cómo es posible que ambas circunstancias se produzcan simultáneamente?
Efectivamente, el desencanto y la desafección con la política y con los políticos ha sido una constante cuando hablamos de política en sentido genérico. Es el razonable resultado tras un largo periodo de crisis económica en la que se ha reducido de forma seria y dramática partes muy importantes de lo que hemos conocido como sociedad del bienestar. Se han perdido no solo prestaciones sino también derechos. Se tiene una sensación de vulnerabilidad del ciudadano ante la adversidad y de esa sensación se hace responsable a quien se piensa que está obligado y debería garantizarla, a quien gestiona lo público, al político, a la política, al gobierno, a los gobiernos sea cual sea su nivel territorial.
Pero paralelamente a estas sensaciones se están consolidando nuevos cauces que canalizan ese desencanto y le dan una salida que el ciudadano considera satisfactoria. Ahora los ciudadanos están más atentos a todo lo que sucede en la gestión de lo público y son más críticos con los políticos que antes. Esta nueva participación e interés por la política se manifiesta tanto en las redes sociales, que hierven ante cualquier irregularidad que detecta, como en el apoyo a colectivos, manifestaciones, plantes, recogida de firmas, movimientos reivindicativos y de protesta. Incluso, dentro de los cauces tradicionales de la política y aprovechando sus posibilidades, con el apoyo a partidos emergentes que, como otra vía distinta, van recogiendo ese descontento en forma de votos, pues su bisoñez parece ser garantía de novedad y limpieza, aunque no aporten nada, aporten poco o aporten días de vino y rosas.
¿Qué explicaciones podemos buscar, si es que las hay, a este nuevo escenario?
Analizando la poca valoración del político, de la política y de lo político, y de cómo a todo lo que tiene que ver con ese concepto se le ha convertido en el responsable de todo, el español de a pié sigue pautas tradicionales que se hunden en las raíces más profundas de su carácter: la desconfianza atávica hacia el que manda, el que ejerce la autoridad o el poder, el que está en el gobierno. Y es que siempre se ha hablado del carácter anárquico y rebelde que los españoles mantenemos en muchos aspectos. Esta sería una nueva prueba. Históricamente, la valoración del español hacia su gobierno y hacia la política es mucho menor, incluso la más baja, que el resto de nuestros vecinos europeos hacía sus respectivos gobiernos.
Por otra parte, y clave en estos momentos, es la crisis de la economía y, como consecuencia, la sensación de indefensión que el ciudadano sufre ante las dificultades. Existe la sensación de que el Estado, las instituciones, ya no protegen al ciudadano frente a la pobreza, contra el desempleo o, incluso, contra las entidades financieras que en defensa de sus derechos ejecutan dolorosos desahucios.
Parece más que evidente que nuestros políticos tienen que reaccionar ante una situación crítica que deben reconducir, si queremos mantener un sistema político que se ha demostrado eficaz en todo el mundo, si bien, en la creencia de que el sistema de partidos es el mejor instrumento para el desarrollo de las sociedades democráticas, quizás se debiera analizar si los propios partidos políticos hacen lo que pregonan.
Desde el coaching aplicado a la política, debiéramos ayudar a que los objetivos de los políticos y de sus equipos, se centraran en la pura esencia de la política: ayudar a las personas y mejorar su calidad de vida. Y hecho esto, además, desde la sensibilidad de ofrecer políticas transparentes, surgidas de partidos transparentes en comunicación abierta y sincera con las necesidades reales del ciudadano.
El político mantiene habitualmente una creencia de autosuficiencia y tiene la sensación de que está situado en el centro del universo donde todo lo ve y todo lo percibe. Sin embargo, esta actitud produce una ceguera que impide ver lo que realmente sucede en la calle. No es que el coach político le enseñe lo que hay más allá de su entorno, sino que le ayuda a abrir los ojos y a aprender a mirar, que ya es bastante. Los análisis posteriores, las medidas a tomar y los nuevos comportamientos son tarea personal en la que una guía externa, neutral y que no emite juicios, ayuda.
La confianza política es la piedra de toque del normal funcionamiento del sistema político. Sin ella, estaríamos avocados a una inestabilidad permanente que tendría serias repercusiones en la calidad de vida de los ciudadanos. Un objetivo ineludible que los políticos deben ya asumir.   
Alberto Astorga